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Sevilla se mantiene entre las provincias con mayor capacidad económica de España al figurar entre las cinco con mayor renta disponible total de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así lo refleja el estudio ’50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España. El caso de la provincia de Sevilla’, presentado este martes por el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y elaborado por los servicios de estudios del Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España.
El informe concluye que la provincia ha experimentado una importante transformación durante las últimas cinco décadas, con avances en población, productividad, innovación y cohesión social, aunque mantiene desafíos relevantes en materia de empleo, renta y bienestar.
Crecimiento demográfico y fortaleza económica
Con 1.950.056 habitantes en 2024, Sevilla se consolida como la cuarta provincia más poblada del país. Desde 1975 su población ha aumentado un 45,89%, un crecimiento superior al registrado por el conjunto de España, que se sitúa en el 39,25%.
En el apartado económico, el estudio destaca que la renta disponible total declarada en el IRPF alcanzó los 22.267 millones de euros en 2023, un 60,8% más que una década antes. Esta cifra sitúa a Sevilla como la primera provincia andaluza en este indicador, por delante de Málaga, Cádiz y Granada.
La presentación del informe tuvo lugar en la sede del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla con la participación del presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín; el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato; y el director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, Salvador Marín.
Productividad e innovación
El documento identifica la productividad como una de las principales fortalezas de la economía sevillana. En el año 2000, la provincia registraba una productividad de 29,6 euros por hora trabajada, la tercera más elevada de España y una de las pocas que superaban la media nacional.
El análisis también sitúa a Sevilla como el principal polo tecnológico de Andalucía. La inversión interna en investigación y desarrollo (I+D) alcanzó los 527 millones de euros en 2024, una cifra superior a la media nacional y a la de otras provincias del sur con características similares.
Entre 2005 y 2024, esta inversión aumentó un 117,9%, impulsada por el ecosistema formado por las universidades, la industria tecnológica, el sector aeroespacial y la actividad agroindustrial.
No obstante, los autores consideran que la internacionalización sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque el peso de la actividad exterior en el PIB provincial ha aumentado en los últimos años, el estudio señala la necesidad de incrementar el número de empresas exportadoras regulares para favorecer un mayor crecimiento empresarial y mejorar la productividad.
Mejora de los indicadores sociales
El informe también recoge avances en materia de cohesión social. El índice de Gini, utilizado para medir la desigualdad, descendió de 35,9 puntos en 2015 a 31,1 en 2023, situándose por debajo de la media española.
Asimismo, la tasa de abandono escolar temprano ronda el 15%, la más reducida entre las grandes provincias andaluzas analizadas.
En el mercado laboral, el número de personas ocupadas ha crecido un 122,5% durante el periodo estudiado. Sin embargo, la tasa de paro continúa siendo uno de los principales problemas de la provincia. En el cuarto trimestre de 2025 se situó en el 13,2%, un porcentaje superior a la media nacional, aunque inferior al de las principales provincias andaluzas incluidas en la comparación.
Retos para los próximos años
Pese a la evolución positiva registrada en numerosos indicadores, el estudio identifica varios desafíos para consolidar el desarrollo económico y social de la provincia. Entre ellos figuran la convergencia de la renta per cápita con la media nacional, la reducción del desempleo estructural, la mejora de los indicadores de salud y bienestar y la extensión de los avances en productividad e innovación al conjunto del tejido productivo para traducirlos en mayores niveles de renta y empleo.
